Entre los primeros aportes que recibimos gracias al contacto establecido a través del Facebook (Desenredandopuntos y "Mitos y verdades sobre la Ley de Medios"),uno de los más significativos fue el proporcionado por Damián Martinez. Su texto representa, para nosotras, a todas aquellas opiniones que están en el aire y que logran canalizarse gracias a proyectos como el nuestro.
Aquí el aporte:
Debate acerca de la Ley de Servicios de Comunicación AudiovisualCompartir
Por primera vez, en tiempos de democracia, somos testigos de una iniciativa seria por parte del estado de intentar implementar una política pública de medios de comunicación. Más de 25 años y varios gobiernos, a los que solo les interesaba ganarse el favoritismo de ciertos multimedios, han debido pasar para que el debate de una nueva Ley de Radio Difusión se implante en la agenda institucional. La importancia de este suceso radica en la necesidad de la sociedad civil de desprenderse de una ley de la dictadura completamente obsoleta para los tiempos que corren.
Sin embargo, el primer grito de defensa que surge desde los medios de comunicación frente al intervencionismo estatal en materia de comunicación, es la vieja e infame palabra “censura” o el ya clásico “no se debe atacar la libertad de prensa respaldada por la constitución”. Pero nadie habla de la responsabilidad social que deben cumplir los medios con la sociedad: ser guardianes del derecho a saber y estar informados de los ciudadanos . Cómo hablar de estos temas si son justamente los medios los que establecen la agenda social o mejor dicho “mediática” en función de los inevitables intereses económicos y políticos. Es sabido que cualquier elemento que modifique el status quo del campo mediático no es bien recibido.
Pero ¿puede un proyecto de ley revertir esta situación construida por los monopolios de la comunicación? Seguramente que no, pero como la ciudadanía tiene una disputa por los espacios mediáticos, la ley puede poner orden, puede compensar desequilibrios, puede complementar vacíos con la conformación de nuevos espacios. Pero sobretodo puede distribuir la palabra y poner límites que garanticen la libertad de todos.
Por todo esto, el debate y la posterior sanción de una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es fundamental no solo para garantizar el libre acceso a la información, sino también, para garantizar el acceso a los medios materiales que posibiliten a cada ciudadano expresar sus ideas. La importancia de que exista la pluralidad de voces es esencial para que la cultura, la política y la economía de nuestro país se desarrollen con estabilidad evitando así cualquier tipo de enfrentamiento social.
Vivimos en democracia pero no en democracia comunicacional. El estado como tal es el que debe impulsarla. En su escrito Precisiones sobre acceso y participación en la comunicación masiva Diego Rossi nos habla del acceso y la participación como herramientas para fortalecer la democracia comunicacional. Para el Autor todo ciudadano tiene derecho a recibir un medio de comunicación que lo mantenga informado y dentro de la cultura.
Hoy en día la comunicación se limita, en gran parte, a la explotación privada con el fin de la rentabilidad. La concentración de medios, favorecida por la acumulación de grandes capitales, facilita la unidireccionalidad y la estandarización de la información. La ley 22.285 y sus posteriores reformas no contemplan la participación de los distintos sectores de la sociedad. Es por eso que este proyecto de ley viene a “Universalizar la comunicación para ampliar los medios comunitarios” y “Reservar el 33% del espacio audiovisual a organizaciones sin fines de lucro”.
Por otra parte, desde una dimensión económica, se prevé evitar los monopolios y oligopolios. Se implementarán tres modelos de gestión de medios: privada comercial, privada sin fines de lucro y estatal. Se disminuirán las cantidades de licencias que se pueden tener por prestador y se favorecerá la pluralidad de mensajes.
Hasta aquí todo parece casi perfecto, pero pongamos particular atención en un detalle: quien debe llevar adelante todas estas reformas es el estado en su conjunto y no el gobierno motivado por los beneficios políticos que pueda acarrearle esta ley. Argentina cuenta con una larga tradición de corrupción en materia de medios. Un claro ejemplo es el uso irresponsable de la vieja ATC. Estas experiencias han dejado marcada la conciencia de la sociedad: “los medios de comunicación públicos son una herramienta ideológica al servicio del gobierno de turno”. Por esto, el gran desafío de este proyecto de ley también será el de modificar esta idea arraigada en la sociedad.
Sin embargo es el estado el único actor que puede promover un modelo distinto de comunicación en oposición al comercial. Es su responsabilidad abrir el camino del proceso democrático de la comunicación a través de las políticas públicas de comunicación. La creación del sistema público de medios que plantea la nueva ley es un avance hacia esta democratización.
Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA S.E.) será la institución, creada por la nueva ley, para llevar adelante el sistema Público de Medios. Entre sus objetivos se plantea: Promover y desarrollar el respeto por los derechos humanos; Garantizar el derecho a la información de todos los habitantes de la Nación; Contribuir con la educación formal y no formal de la población; Promover el desarrollo y la protección de la identidad nacional. RTA parece englobar el concepto de servicio público, es universal, pensada a largo plazo, se adecua respecto a los cambios tecnológicos y versatilidad.
Ahora bien, tristemente se debe señalar que, más allá de que el control de RTA recaiga sobre Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos (ente formado por personas pertenecientes al mundo de la comunicación), en ningún pasaje de este proyecto de ley se esgrime alguna limitación al posible asecho de los intereses políticos del gobierno de turno.
Bienvenida la hora en que se inició el debate por una planificación seria de la comunicación de un país. Bienvenida la hora en que el estado recupera su poder regulatorio e intenta impedir monopolios que atentan contra la libertad y la pluralidad. Toda la sociedad debe participar en su debate porque de ella depende la futura construcción de una identidad nacional más fuerte y la libertad de expresar nuestras opiniones sin restricciones políticas, económicas o culturales.
Todos debemos ser fiscalizadores del correcto cumplimiento de esta nueva ley. Tengamos en cuenta que el objetivo no es solo legislar para garantizar el ejercicio universal de recibir, difundir, investigar y proporcionar opiniones a la comunidad, también es fortalecer nuestra joven democracia y así comenzar a construir un país más justo para todos. Por eso es importante no dejar pasar otros 25 años para conseguir una nueva ley.
Damián Martinez
GRACIAS DAMIÁN!
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